LA DESCONFIANZA extrema de Diego Fernando Murillo, Don Berna, en los sistemas de comunicación convencionales impidió que la Dirección de Inteligencia de la Policía y otras agencias de seguridad encontraran algo importante en los monitoreos a las conversaciones telefónicas que el jefe paramilitar desmovilizado sostuvo durante su permanencia en Itagüí. En ella se limitaba a tratar asuntos familiares y hechos sin importancia relacionados con la rutina carcelaria.
Para franquear las sigilosas barreras de Murillo, los servicios de inteligencia crearon redes de informantes que lo vigilaban discretamente y así se enteraron de que Don Berna organizaba sus cosas y daba órdenes a algunas de las personas que lo visitaban. Esa fue la información que recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez en la tercera semana de agosto y que lo llenó de razones para ordenar el traslado del jefe paramilitar a la cárcel de Cómbita en Boyacá.
Según uno de los memorandos entregados a Uribe por los servicios de inteligencia, las órdenes que Murillo daba por escrito las grababa en discos de computador o en memorias USB que entregaba personalmente a ciertas personas que lo visitaban. Seguimientos a este tipo de contactos le permitieron al DAS establecer que desde el 15 de junio de 2005, cuando se desmovilizó con una estructura del bloque héroes de Tolová en Rusia Ocho, un municipio de Valencia, Córdoba, siguió en actividades de narcotráfico y moviendo fichas para consolidar y extender su poder. Las rejas no habían sido obstáculo.
El 23 de agosto, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, le pidió formalmente al Fiscal General investigar si Don Berna estaba detrás del asesinato de Vicente Castaño, noticia que había llegado a oído de las autoridades, y además anexó un informe sobre 12 acciones criminales cometidas por Murillo que hacían evidente el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Ralito y los requisitos de la Ley de Justicia y Paz.
Entre los delitos reseñados figuraban la organización de nuevos grupos armados para copar los espacios dejados por los desmovilizados, la financiación de nuevas organizaciones de narcotraficantes y los asesinatos de por lo menos cuatro de sus antiguos socios. "Actualmente Don Berna financia el surgimiento de numerosos grupos de narcotraficantes como operadores de laboratorios, transportadores y traficantes individuales, que luego deben devolverle el dinero de los préstamos más un cargo por financiación", decía el informe, y agregaba que la financiación controlada le había permitido no sólo mantener una fuente permanente de ingresos, recaudados por la oficina de cobro de Envigado, sino construir lealtades para no perder su posición de amo y señor del negocio. En eso no daría marcha atrás
Para franquear las sigilosas barreras de Murillo, los servicios de inteligencia crearon redes de informantes que lo vigilaban discretamente y así se enteraron de que Don Berna organizaba sus cosas y daba órdenes a algunas de las personas que lo visitaban. Esa fue la información que recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez en la tercera semana de agosto y que lo llenó de razones para ordenar el traslado del jefe paramilitar a la cárcel de Cómbita en Boyacá.
Según uno de los memorandos entregados a Uribe por los servicios de inteligencia, las órdenes que Murillo daba por escrito las grababa en discos de computador o en memorias USB que entregaba personalmente a ciertas personas que lo visitaban. Seguimientos a este tipo de contactos le permitieron al DAS establecer que desde el 15 de junio de 2005, cuando se desmovilizó con una estructura del bloque héroes de Tolová en Rusia Ocho, un municipio de Valencia, Córdoba, siguió en actividades de narcotráfico y moviendo fichas para consolidar y extender su poder. Las rejas no habían sido obstáculo.
El 23 de agosto, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, le pidió formalmente al Fiscal General investigar si Don Berna estaba detrás del asesinato de Vicente Castaño, noticia que había llegado a oído de las autoridades, y además anexó un informe sobre 12 acciones criminales cometidas por Murillo que hacían evidente el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Ralito y los requisitos de la Ley de Justicia y Paz.
Entre los delitos reseñados figuraban la organización de nuevos grupos armados para copar los espacios dejados por los desmovilizados, la financiación de nuevas organizaciones de narcotraficantes y los asesinatos de por lo menos cuatro de sus antiguos socios. "Actualmente Don Berna financia el surgimiento de numerosos grupos de narcotraficantes como operadores de laboratorios, transportadores y traficantes individuales, que luego deben devolverle el dinero de los préstamos más un cargo por financiación", decía el informe, y agregaba que la financiación controlada le había permitido no sólo mantener una fuente permanente de ingresos, recaudados por la oficina de cobro de Envigado, sino construir lealtades para no perder su posición de amo y señor del negocio. En eso no daría marcha atrás
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